• CEOE, Gobierno de Cantabria, colegio oficial de arquitectos, Colegio de Abogados y COSITAL analizan la aplicación y las repercusiones de la Ley de simplificación administrativa.
• Conde: “Estas medidas no eliminan requisitos, solo agilizan su cumplimiento, lo que beneficiará de forma directa a cualquier empresa o ciudadano que se relacione con la administración y los servicios públicos”.

Esta mañana se ha desarrollado en el Edificio de las facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y de Derecho de la Universidad de Cantabria la Jornada: “Simplificación Administrativa. Aplicación y desarrollo de la Ley 2/2025 de Simplificación Administrativa de Cantabria” organizada por CEOE con la colaboración del Gobierno de Cantabria, el colegio oficial de arquitectos de Cantabria, el Colegio de Abogados, la asociación de secretarios, interventores y tesoreros de la administración local de Cantabria (COSITAL) y la Federación de Municipios.

El objetivo de este encuentro ha sido conocer la situación del desarrollo de la Ley, que entró en vigor el pasado mes de abril y conocer cuáles son los retos y desafíos a los que se enfrenta.

Como es conocido, la Ley es una de las reivindicaciones que más y con mayor determinación han defendido los empresarios de Cantabria como una forma eficaz de agilizar y reducir la burocracia, mejorar los servicios y la relación de la administración con los ciudadanos y, en último término, hacer de Cantabria un lugar más atractivo para la inversión y el crecimiento empresarial.

Enrique Conde, presidente de CEOE, en su intervención inicial ha señalado que “es bien conocido que CEOE ha promovido, impulsado, reclamado y alentado esta Ley de Simplificación Administrativa —vigente desde el 5 de abril de 2025— que para los empresarios es un hito histórico en nuestra región. Para nosotros, lo he dicho en varias intervenciones, la nueva ley representa el mejor intento en los últimos 20 años de modernizar Cantabria y responde a una reivindicación constante de pymes y autónomos. No buscamos una ley perfecta, sino una herramienta eficaz que transforme la burocracia en competitividad”.

No se eliminan requisitos, se agilizan su cumplimiento

Durante su intervención Conde ha subrayado algunos de los aspectos más significativos de la Ley y cuya relevancia tiene repercusión directa en la actividad empresarial. En este sentido Conde ha afirmado que “la nueva ley de simplificación administrativa introduce medidas tan fundamentales como el silencio administrativo positivo —salvo excepciones por normativa superior— y la sustitución de licencias por declaraciones responsables, lo que permite empezar una actividad de inmediato si se cumplen los requisitos. Se establecen plazos máximos: resolución general en 3 meses, informes no vinculantes en 10 días. Estas novedades nos parecen de sumo interés para el emprendimiento empresarial”. Aunque ha advertido que “estas medidas no eliminan requisitos, solo agilizan su cumplimiento, lo que beneficiará de forma directa a cualquier empresa o ciudadano que recurra a los servicios públicos”.

Fundamentos y objetivos de la ley

En la primera parte de la jornada dos responsables de la administración autonómica han analizado los Fundamentos y objetivos de la ley. Paulino Sánchez, Director General de Simplificación Administrativa, Transparencia y Participación ciudadana y Milagros Estrada, subdirectora General de la misma área han realizado una presentación detallada de la nueva normativa, explicando su estructura, principios rectores y principales novedades donde han abordado los aspectos más relevantes de la ley, como el deber general de simplificación, la reducción de trámites y cargas administrativas, y la organización administrativa para la simplificación.

Más adelante en una interesante mesa redonda se ha abordado la repercusión y las implicaciones que la nueva ley va a tener el diferentes sectores de actividad, como la administración local, a través de la intervención de Germán García, presidente del Colegio de secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL). También se ha abordado la simplificación en la tramitación urbanística y licencias que ha sido explicada por Román San Emeterio, presidente del Colegio de Arquitectos de Cantabria. Por último, José del Río, abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria ha comentado la visión jurídica del nuevo régimen de autorizaciones y declaraciones responsables en la nueva Ley. La mesa ha sido moderada por Jorge Fernández, tesorero del Colegio de Abogados de Cantabria.

Un punto de inflexión para la empresa de Cantabria

El acto ha sido clausurado por Francisco Javier Camino, presidente de la Federación de Municipios y Enrique Conde, presidente CEOE-CEPYME Cantabria. En su intervención final Conde ha señalado que “la Ley de Simplificación Administrativa de Cantabria constituye una transformación profunda de nuestras relaciones con la Administración pública como estamos comprobando en la mañana de hoy. Los sectores productivos ya han comenzado a sentir su impacto: reducción de tiempos, seguridad jurídica, optimización digital y un impulso claro a las inversiones clave”.

“Pero su eficacia dependerá del método: consolidación real del silencio positivo, control de declaraciones responsables y refuerzo de órganos de inspección. En definitiva, “esta normativa puede ser el motor que transforme Cantabria en una región ágil, competitiva y moderna, capaz de atraer talento, inversión y actividad empresarial. Pero solo si se consolida con firmeza, diálogo real y vocación de perfeccionamiento continuo”.

Enrique Conde, presidente de CEOE CEPYME Cantabria