El Real Decreto 238/2026 regula la implantación de la facturación electrónica obligatoria entre empresas y profesionales, con el objetivo de impulsar la digitalización y mejorar el control de los plazos de pago.
La norma establece que las facturas deberán emitirse en un formato estructurado y automatizable, a través de plataformas interoperables y una solución pública gestionada por la Agencia Tributaria. Además, se introduce la obligación de informar sobre el estado de las facturas (aceptación, rechazo y pago), reforzando la transparencia en las operaciones comerciales.
Aunque el real decreto ya ha entrado en vigor, su aplicación efectiva dependerá de una futura orden ministerial. A partir de ese momento, los plazos de adaptación serán de 12 meses para empresas de mayor tamaño y 24 meses para el resto.
